Los Jubilados se echan a la calle

Eloy Galván, vecino de Getafe, jubilado, nos deja su visión sobre las recientes movilizaciones de los pensionistas y datos para reflexionar

GETAFE/19 MARZO 2018/.Enfadados. Los jubilados están muy enfadados. Y estas últimas semanas se lo han hecho saber al gobierno y a la opinión pública protestando en las ciudades más importantes del país. En Madrid, nuestros entrañables abuelos se han manifestado ante el mismísimo Parlamento de la nación, sin que las autoridades se hayan atrevido a sacar a las fuerzas del orden para persuadirles, como hicieron en anteriores ocasiones con otros sectores de la población.  En este caso, al poder le han temblado las piernas. Contener a los mayores por la fuerza habría recordado las intervenciones de los agentes en el referéndum ilegal de Cataluña del pasado 1-O, y habría hecho retroceder la “Marca España” varios puntos en el ranking internacional.

Además, el número de mayores de 65 años ronda los nueve millones, lo que a nivel nacional equivale a un 25% de los votantes. Y nuestros jubilados cumplen más con su derecho al voto que el resto de la sociedad, resultando el mayor apoyo para los partidos que han gobernado este país en los últimos 40 años. De hecho, un 40% de ellos vota habitualmente al PP y cerca de un 30% al PSOE. En resumen, un colectivo al que estos partidos “miman” por la cuenta que les tiene.

La crisis internacional que afectó a medio mundo azotó a nuestro país sin ninguna misericordia. La burbuja inmobiliaria avivada en la época del Presidente Aznar por Administraciones, entidades financieras, constructoras y particulares generó un posterior endeudamiento multibillonario, primero de Bancos, empresas y particulares, y posteriormente de la Nación, lo que hizo temblar los cimientos de la Unión Europea, asustando a los países acreedores de tal modo que obligaron al presidente Zapatero a modificar el Artículo 135 de la Constitución para asegurarse el cobro de sus préstamos. Como consecuencia, en estos diez últimos años, nuestra sociedad ha soportado graves problemas – aún no superados – de entre los que descatan:

  • Un Rescate Bancario y un aumento de impuestos, entre ellos el IVA y el IRPF
  • Graves alteraciones en el mercado laboral el cual, en 2013, sobrepasó los 6 millones de parados.
  • La desaparición de buen número de empresas pequeñas y medias.
  • Recortes generalizados en los Servicios de la Administración, especialmente en Sanidad y Educación
  • 000 ejecuciones hipotecarias realizadas por parte de Cajas y Bancos, de las que más de 400.000 han afectado a viviendas familiares
  • La desaparición de las Cajas de Ahorros, un sector financiero centenario ligado a las familias liquidado por la ineptitud y rapiña de los políticos locales.

En resumen, la crisis ha afectado negativamente a buena parte de la sociedad, aunque en menor medida a los jubilados con quienes los Gobiernos de la Nación, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos han mantenido un comportamiento algo más sensible, con objeto de asegurarse sus valiosos votos

¿De qué se quejan nuestros jubilados?

La sociedad es consciente de que, gracias a la solidaridad de los pensionistas, muchas familias han podido sobrevivir a la crisis. Según diversos informes, un buen número de jubilados dedica mensualmente cerca de la tercera parte de su pensión a ayudar a sus allegados. A pesar de que las autoridades pregonan el florecimiento de los brotes verdes, estos mayores niegan estas afirmaciones que no tienen que no tienen reflejo en su entorno. De hecho, muchos se sienten desconsolados al ver a sus descendientes frustrados, sin trabajo y sin medios de supervivencia, y perciben que dejan en herencia a sus hijos y nietos un país más desigual y con escasas oportunidades de futuro.

Los datos actuales de la situación social y laboral son demoledores, y reflejan la grave situación en la que aún nos encontramos:

  • El número de desempleados en febrero 2018 superaba oficialmente los 3,4 millones de personas, de los que un 44% no percibe ninguna ayuda.
  • El 36 % de los jóvenes está en paro.
  • El 40 % de los desempleados tiene más de 45 años y lleva más de un año sin trabajo.
  • La cotización media a la Seguridad Social ha descendido de 6.660 € en 2008 a 5.989 € en 2017 (a valor de 2017). Como consecuencia, el salario medio real actual es un 10% inferior al de 2008.
  • Las condiciones laborales se han deteriorado gravemente. Un 40% de los trabajadores tiene empleos temporales o parciales.
  • Sólo el 40% de los trabajadores en paro cobra una prestación. La prestación media anual es de 6900 €. En 2007, la prestación a valor actual era de 8.400 €

Con este panorama, los jubilados están preocupados y enfadados por varios motivos. El primero por la incapacidad de las autoridades para resolver los problemas laborales que afectan a sus familias y que son primordiales para la recuperación económica del país. El segundo, porque buen número de pensionistas verifican que no pueden ayudar a sus hijos y nietos en este difícil trance, especialmente porque sus ingresos han sido congelados y temen por una continuada pérdida de su poder adquisitivo. Y, tercero, porque una tercera parte de los pensionistas (3,3 millones de personas) no supera los 660 € mensuales de ingresos, lo que apenas cubre sus necesidades de supervivencia.

La subida de las pensiones

El diseño de las pensiones actuales tiene su inicio a mediados de los años setenta y se consagra en 1978 a partir de los Pactos de la Moncloa mediante la transformación de la gestión, la subida de las retribuciones en un 30% y la incorporación del sector agrario y sus jubilados al sistema. Poco después se incluirían las pensiones no contributivas y de invalidez de ciudadanos que no habían cotizado, completando el mandato constitucional en su artículo 50 que avala una pensión digna para todos los jubilados. Poco más tarde, en 1995, el Pacto de Toledo, participado por todos los partidos políticos – al que se unirán empresarios y sindicatos – servirá para proporcionar un sistema de financiación que, con algunos retoques, ha sobrevivido hasta hoy. Sin embargo, la crisis ha puesto contra las cuerdas las finanzas del Estado. Así, la Seguridad Social, principal aportador de ingresos para el pago de las pensiones, precisa cada vez más dinero del Estado para hacer frente al continuo incremento de este gasto.

 

En 2017, los ingresos estimados por cotizaciones de la Seguridad Social sumaron 110.560 millones de Euros, una cifra muy inferior a los gastos en pensiones contributivas que se presupuestaron en 122.777 millones. En esta encrucijada, el Gobierno ha reconocido su incapacidad para incrementar los salarios y, con ello, las cotizaciones de la Seguridad Social. Su opción: congelar las pensiones manteniendo una subida del 0,25% anual y estableciendo, a partir de 2019, un denominado “factor de sostenibilidad” que, básicamente, consiste en reducir anualmente un 0,5% los ingresos de los futuros pensionistas.

En los últimos años, las pensiones han perdido valor respecto al incremento del IPC

 

La degradación del Sistema Público de Pensiones ha añadido más leña al enfado de los jubilados, especialmente porque el Gobierno quiere reducir el presupuesto de las Pensiones Públicas y estimular el Ahorro Privado. Hasta ahora, los jubilados españoles han venido aplicando sus ahorros principalmente a la compra de su vivienda. Ahora, las autoridades están interesadas en fomentar los Planes de Pensiones que ayudarían a capitalizar a los Bancos y suavizarían la dependencia de los pensionistas respecto a las Pensiones Públicas. Sin embargo, los jubilados y la mayor parte de la población no se fían de esta propuesta. En los últimos años, los Planes de Pensiones han resultado beneficiosos para los Bancos, pero no tanto para los ahorradores que han visto evaporarse buena parte de su dinero cuando consideran la inflación, las comisiones y la baja o nula rentabilidad de su inversión.

Si el Gobierno desea que se incremente el Ahorro Privado deberá ser más imaginativo o simplemente copiar las pautas de los países en los que los sistemas mixtos funcionan adecuadamente. Por otra parte, el escaso coste del dinero que el BCE provee a los Bancos anula la rentabilidad de los fondos más conservadores por lo que la obtención de una mayor renta dependerá del acierto de las inversiones, todo un riesgo para los ahorradores. En resumen, la seguridad de los fondos de ahorro no lo es tanto y, lo que es peor, si los gestores van a ser los mismos que en los últimos años han manejado nuestros Planes de Pensiones, la confianza que ofrecen es bastante limitada. Un dilema.

El futuro de las pensiones

Con toda la razón, los jubilados temen que las actuales pensiones se reduzcan imparablemente, y también las de su descendencia. Además, a los menores ingresos de la Seguridad Social y del Estado por los recortes laborales, se une el cada vez más reducido número de jóvenes llamados a tomar el relevo de sus mayores. En España, los menores de 30 años suman tan sólo el 30% de la población. En Francia o Alemania este porcentaje alcanza el 37%. Actualmente, existe un pensionista por cada 1,9 cotizantes, cuando la cifra sostenible debería ser de al menos 2,5. Se trata de un asunto no resuelto por el conjunto de la sociedad que tiene como elemento central la ridícula cobertura que las Administraciones y las empresas prestan a la natalidad. Este asunto se sale de este artículo, pero es un debate necesario e, incomprensiblemente, ignorado por nuestra sociedad.

La presión de los jubilados para conservar el sistema actual de Pensiones Públicas parece la única forma de hacer ver a la Administración y a la Banca su desconfianza por el sistema de ahorro privado que se quiere imponer. Ya que, aunque el Gobierno hace ostentación del crecimiento de la riqueza en España, como muestra el PIB de los últimos años el salario medio de los trabajadores – como muestran las cotizaciones a la Seguridad Social – un 10% inferior al de hace 10 años. Sin embargo, las subidas del IRPF en 2012 y las del IVA en 2010 y 2012 demuestran que la aportación de los trabajadores en los impuestos ha aumentado, mientras las empresas han congelado su aportación. Al menos por el momento, los esfuerzos de las autoridades por fomentar el ahorro caerán en saco roto.

Fuente: INE

Hasta ahora, el mayor ahorro de los españoles ha estado vinculado a su vivienda, lo que ha resultado hasta el momento un acierto. España está a la cola de Europa en inversión en vivienda pública, lo que obliga a la población a adquirir una residencia para evitar situaciones de pobreza en caso de dificultades económicas. El aumento de pensionistas debido al mayor número de años de vida es generalizado en todo el mundo, lo que globaliza los problemas. No existen fórmulas mágicas para generar dinero y los trabajadores actuales tienen, respecto a décadas anteriores, un alto desempleo, mayor inseguridad, menores ingresos y mayores impuestos. Una combinación delicada que pone a nuestra sociedad en una situación muy comprometida. Se hace necesario que las fuerzas políticas, sindicatos y empresas alcancen otro Pacto de Estado que incluya una reforma laboral capaz de generar riqueza y empleo digno. Solo de esa manera se podrán mantener unas pensiones decentes que permitan a nuestros mayores y a sus descendientes su supervivencia y el mantenimiento de unos servicios de salud complementarios. Un Pacto de Estado que permita asegurar por otros veinte años el carácter público y universal de estas prestaciones.

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