¿Cómo afecta a Getafe el acuerdo de Gobierno y Unidos Podemos para los Presupuestos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, firmaron a mediados de octubre un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Aunque su aprobación sigue en duda, Sánchez ha recalcado que aplicará las medidas vía decreto. El texto trata de establecer políticas de carácter estatal –una de las más sonadas es la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros–, pero también contiene algunas concesiones en clave municipal.

En concreto, se trata de iniciativas que tratan de descentralizar el poder del Gobierno para que los ayuntamientos tengan mayores márgenes. “Los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y la que más ha contribuido a la corrección del déficit público durante la crisis”, explica el acuerdo: “Es necesario reforzar la autonomía local con un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas”. De acuerdo con el último Informe de Estabilidad Económica, Getafe tiene un superávit cercano a los 33 millones de euros, aunque solo puede usar 3 millones para las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

La propia alcaldesa, Sara Hernández, pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que permitiera utilizar este excedente para programas de empleo o sociales. Este periódico se puso en contacto con fuentes del consistorio para conocer cómo han recibido la noticia y qué expectativas de futuro tienen tienen respecto a estas competencias, pero no ha obtenido respuesta.

En este sentido, el acuerdo de los PGE establece que se debe “impulsar la universalización de la escuela entre los 0-3 años como medida que no sólo contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que es un potente factor para combatir el fracaso escolar”.

Por este motivo, se apunta que el Gobierno “facilitará que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros”.

“Me parece positivo que los Ayuntamientos gestionen esa etapa de la educación infantil”, comenta Jesús Rogero, profesor de Sociología en la UAM y experto en la materia, aunque lamenta que el acuerdo no detalle más las competencias. Así, reivindica que “Getafe se ha caracterizado por cuidar la etapa 0-3 desde hace décadas, con la creación de escuelas infantiles municipales en los años 70 y 80”. Actualmente, hay tres en el municipio, que incumben la etapa de 0 a 6 años.

A juicio de este sociólogo, es el modelo más beneficioso para la calidad de la enseñanza, ya que “respeta la etapa natural educativa”. “Habría que aprovechar esa inversión para volver a apostar por el modelo 0-6 en Getafe”, propone, aunque advierte de que “se corre el riesgo que ese dinero vaya a la concertada, por lo que habría que proteger y promover la pública”.

“Fue una apuesta política que se hizo pese a no tener competencias: es un modelo público de calidad que debería enorgullecer a Getafe”, destaca sobre la situación en el municipio. No obstante, lamenta que haya que “dar un tirón de orejas al Gobierno municipal porque las escuelas están teniendo problemas para cumplir bajas, y las familias lo están denunciando porque afectan a la calidad de la educación de sus hijos”. A modo de conclusión, Rogero destaca que la inversión del superávit en escuelas infantiles “debería servir para cuidar y garantizar ese modelo tan particular de nuestro municipio”.

Regulación de precios de los alquileres

Otro de los aspectos claves en la transferencia de competencias a los consistorios es la cesión de competencia en materia de regulación de los precios de los alquileres “en zonas tensionadas”, buscando una “mayor protección para los inquilinos”. Así, el acuerdo establece un aumento del presupuesto en Vivienda del 38%, por lo que en 2019 sería de 630 millones. Además, estos irían aumentando progresivamente cada año.

Agustín Hernández Aja, arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, apunta que es un asunto “complicado” por los posibles conflictos de competencias entre administraciones. Los problemas también pueden surgir a la hora de fijar precios en las “zonas tensionadas”: “En la misma zona hay muchos precios, y al final puedes poner un precio medio permitiendo a los que tienen precios bajos que lo suban. Y encima subvencionándolos”.

Este arquitecto considera que hay otras medidas más “elementales” y “sencillas” para poder solucionar los problemas de vivienda. Por ejemplo, destaca que se incentive un “mercado de vivienda pública estable, impidiendo que estas concesiones inmobiliarias no se puedan vender”, o “no solo aumentar los plazos de alquiler de  los parques de viviendas del SAREB, sino que sean indefinidos”.

Getafe ya está sufriendo los efectos de la subida de alquileres en el centro de Madrid, que ya se está extendiendo a barrios y ciudades de la periferia, sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas al respecto. “Si hay una demanda que crece, como la de gente joven de Madrid que no puede acceder a determinadas viviendas porque no se adecuan sus rentas, entran a competir en el mercado de precios del área metropolitana, como Getafe, que además está bien comunicado”, apunta el arquitecto y profesor: “No es lo mismo que compitan 5 personas por un piso que 5000, como ocurre ahora con las webs de alquiler. Los vectores rentables, personas con cierta capacidad, entren a competir en los sitios de mayor calidad”.

No obstante, recuerda que no solo los procesos de gentrificación influyen en este proceso, también el aumento de expansión de créditos, el ligero repunte del empleo. Y recuerda: “El mercado de la vivienda ya no es solo un mercado de gente que busca y vende vivienda, es también un mercado financiero”.

Mayor implicación contra la violencia machista

En el acuerdo de Gobierno y Unidos Podemos también se establece que se tramitará el proyecto de ley de violencias sexuales propuesto por la formación morada. En concreto, esta daría mayor protagonismo a los Ayuntamientos, “devolviéndoles competencias en esta materia”. “La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias”, establece el texto, además de subrayar que se duplicarán los fondos destinados: de los 20 millones a los 40 en 2019.

Una mayor implicación que podría suponer una buena noticia para la Policía Local de Getafe. El pasado septiembre, los sindicatos policiales CSIT-UP y CPPM denunciaron que el Gobierno de Sara Hernández pretendía reducir al mínimo la unidad de agentes dedicados a la lucha y prevención de la violencia machista. En concreto, la Unidad de Protección y Atención a la Familia (UPAF), reconocida por su buena labor, iba a reducirse en un 75%, pasando de contar con 16 policías a cuatro.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: